martes, 2 de julio de 2013

El gobierno municipal agota los plazos legales para aprobar las cuentas de Santiago del Teide Gestión

Aun no se ha convocado la Junta General de la empresa pública, incumpliendo los estatutos de la sociedad y la legislación mercantil

El portavoz nacionalista asegura que Gorrín “gestiona la empresa como un chiringuito, con total desprecio a los estatutos sociales y a la transparencia”

   El grupo de gobierno en el ayuntamiento de Santiago del Teide, que preside Juan Gorrín,  continúa con su mala gestión en la empresa pública municipal, Santiago del Teide Gestión, al no aprobar las cuentas en los primeros seis meses del año, tal y como recoge el artículo 9 de la los estatutos de la sociedad, así como la legislación mercantil.

  Coalición Canaria lleva denunciando, desde el inicio del presente mandato, la poca seriedad con la que se viene gestionando esta empresa pública por parte de sus administradores, Juan Gorrín como presidente, Emilio Navarro como consejero delegado y Vanesa Sánchez como miembro del consejo de administración.

   La gestión de los miembros del Partido Popular  al frente del ente público deja bastante que desear. Tal es así que el alcalde, en el presente mandato, se ha visto obligado a solicitar a una entidad bancaria un descubierto en la cuenta de la empresa para poder hacer frente a las nóminas de los empleados ante la falta de fondos para afrontar el abono, lo que ha provocado retrasos en otros meses. A ello hay que añadir una deuda generada con la Seguridad Social que superó los 41.000 euros y que conllevó una diligencia de embargo de los ingresos económicos de la empresa.

   Coalición Canaria lleva esperando dos años por la realización de una auditoría de la empresa pública, aprobada por la Junta General en julio de 2011 y que todavía no se ha realizado por la opacidad con la que se gestiona la misma.

   Las últimas noticias económicas que se tienen de la empresa son los aplazamientos que ha pedido a la Intervención General del Ayuntamiento para justificar las encomiendas económicas que se le transfirieron en pasado año.

   Tal y como ha reconocido el alcalde por escrito al Grupo Municipal de Coalición Canaria, en febrero del presente año todavía no se habían aprobado los presupuestos de la empresa pública, a pesar de que los estatutos de ésta recogen, en su artículo 19.3 que deben presentarse a la Corporación Municipal en el mes de diciembre. Igualmente incumplen los plazos estipulados  en el artículo 168.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladoras de Haciendas Locales, donde figura explícitamente que  las sociedades mercantiles, incluso de aquéllas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente”. A todos estos incumplimientos se une la no convocatoria de la Junta General para aprobar las cuentas de la empresa, que tal y como recogen sus estatutos y la legislación mercantil, se debe celebrar, necesariamente, en los seis primeros meses del año.

   El portavoz municipal de Coalición Canaria, Jonathan Martín Fumero resalta que Juan Gorrín, presidente de ST Gestión y Emilio Navarro, su consejero delegado, “gestionan la empresa como un chiringuito, con total desprecio a los estatutos sociales y a la transparencia, incumpliendo todos los plazos legales habidos y por haber, sin tener en cuenta que de ella dependen más de 20 empleados que prestan un buen servicio al municipio y sus vecinos”. “Es inaceptable”, prosigue Martín Fumero, “esta actitud de dejadez que muestran nuestros gobernantes”. Por ello, insiste en que para Coalición Canaria “es una prioridad, en una situación como la que vivimos actualmente, la gestión eficiente de los recursos públicos y garantizar la continuidad de los empleos generados en la empresa y, si es posible, generar más puestos de trabajo”.


   El grupo municipal nacionalista ha solicitado en la mañana de ayer, formalmente, por registro de entrada, la convocatoria de la Junta General de la empresa ante la incapacidad y desidia del gobierno municipal.