martes, 30 de abril de 2013

Los portavoces nacionalistas de Adeje, Guía y Santiago del Teide lamentan que los alcaldes de estos municipios les impidieran estar presentes en la reunión sobre el cierre del anillo insular


                  


   Los portavoces nacionalistas de Adeje, Ricardo Moreno, Guía de Isora, Ana Dorta, y Santiago del Teide, Jonathan Martín Fumero, lamentan “el escaso talante democrático mostrado por  los alcaldes de estos municipios” al negar la participación de estos portavoces de Coalición Canaria en la reunión de trabajo convocada ayer en el Ayuntamiento de Guía de Isora  para tratar el asunto del cierre del anillo insular y en la que estuvo presente el consejero de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel.

   Los portavoces nacionalistas lograron reunirse con posterioridad con el consejero autonómico, que les explicó las soluciones que el Ejecutivo canario baraja “para paliar el recorte presupuestario al que el Estado ha sometido a Canarias y que ha repercutido en la financiación de la carretera Adeje-Santiago del Teide”.

Como es sabido, de los 414 millones de euros previstos en el Convenio de Carreteras, se ha pasado a 123 millones de inversión en los últimos dos años, “algo que ha provocado que esta vía y muchas otras del Archipiélago hayan tenido que reducir su ritmo de obra”. De ahí que los portavoces nacionalistas de estos tres municipios sureños demanden “un frente común de las administraciones locales, insular y autonómica para exigir al Estado la partida económica comprometida, cuya drástica disminución, realizada de forma unilateral y sin tiempo para una programación adecuada y negociada, ha provocado la práctica paralización de las obras de una infraestructura, como es el anillo insular, vital para el desarrollo de la comarca”.

   Los portavoces insistieron al consejero en la necesidad “de analizar todas las vías posibles para la financiación de las obras y que se considere esta infraestructura como prioritaria a la hora de distribuir los fondos de los que se consiga disponer, a la espera de que el Estado decida suspender el maltrato y el bloqueo al que está sometiendo a Canarias”.