La Viceconsejería de Administración Pública declara nulas de pleno derecho las contrataciones de un ludotecario y una trabajadora social.
El alcalde de Santiago del Teide, Juan Gorrín, procedió a la convocatoria de dos plazas laborales temporales para cubrir en el ayuntamiento dos bajas por maternidad. Lejos de hacerlo velando por los principios de igualdad, mérito y capacidad, la selección del personal se realizó desde la opacidad y primando los intereses de su grupo de gobierno como ha quedado constatado por la Dirección General de Función Pública.
Ante las contrataciones realizadas por el consistorio, La Viceconsejería de Administraciones Públicas inició la incoación de un expediente al ayuntamiento de Santiago del Teide en “defensa de la legalidad”, al declarar nulos de pleno derecho los decretos 316/2011 de 16 de marzo y 519/2011 de 19 de mayo por los que se convocaron las bases para proveer las plazas de personal laboral temporal para ludotecas y trabajo social.
Examinados los decretos por la Dirección General de Función Pública se ha comprobado en ambos la existencia de “infracciones al ordenamiento jurídico”. Según este organismo, literalmente, “advertidas dichas irregularidades en las bases de la convocatoria, vicia de ilegalidad los decretos” y añade que “resultan nulos de pleno derecho por vulnerar el derecho a la Función Pública en condiciones de igualdad”.
Ante esta resolución Juan Gorrín se ha visto obligado a dar marcha a tras y anular los decretos correspondientes a las convocatorias de dichas contrataciones.
Para el portavoz municipal de CC, Jonathan Martín Fumero, “esto es un ejemplo más de la limitada capacidad de gestión que tiene el ayuntamiento de Santiago del Teide, con un PP que actúa arbitrariamente, contratando a quien le parece, de espaldas al ordenamiento jurídico como ha quedado demostrado. No se puede gestionar un ayuntamiento como si fuese una finca en la que el alcalde elige a sus medianeros en función de su conveniencia, hay que respetar los criterios de igualdad y libre concurrencia”.
Para Coalición Canaria las resoluciones de la Viceconsejería de Administración Pública y de la Dirección General de Función Pública constituyen un serio toque de atención a las maneras de hacer política del alcalde y su grupo de gobierno, poniendo límite a sus contrataciones y poniendo en evidencia que las formas de realizar los procedimientos no son las que marca la legislación vigente.
